LA NUEVA LEY SOBRE DESOKUPACIÓN EXPRÉS | [MARTA ROBERTO DOMÍNGUEZ]

Por todos es sabido el exorbitado volumen de desahucios por falta de pago de arrendamientos o por ejecuciones hipotecarias que ha supuesto la gravísima crisis económica de los últimos años.  Esto ha llevado a que miles de familias queden en la calle, desamparadas y vulnerables. Como siempre, hay quien ha querido sacar tajada de ello, creándose grupos mafiosos dedicados a negociar con las viviendas vacías y las necesidades de los que han perdido su techo en un doble sentido: Por una parte, se obliga a familias desamparadas a pagar un “módico” precio por la inmediata okupación de una vivienda, dando una solución rápida a su desamparo; y, por otra, extorsionan a los propietarios de las viviendas okupadas exigiéndoles el desembolso de cantidades no tan módicas si quieren ver su vivienda liberada en plazos muchos más breves que los que ofrece la justicia en la actualidad.

Y es que, nuestro sistema procesal no estaba preparado para estas situaciones, a pesar de contar con hasta 3 vías como procedimiento civil verbal, recogido en el artículo 250.1, apartados 2º, 4º y 7º, y la vía penal de la usurpación. En cuanto a las posibilidades que ofrece la vía civil, la mayor traba que encontramos es, aparte de la inadecuación terminología, ya que ninguna de ellas está pensada para el desalojo de okupas, el tiempo que supone la tramitación de cualquiera de estos procedimientos. Es por ello que los Juzgados Penales ha vivido una avalancha de procedimientos por usurpación, dado que se trata de la herramienta legal que puede conseguir el desalojo con mayor celeridad. No obstante, no debemos olvidar que el Derecho Penal está conceptuado como una “última ratio”, es decir, como la última de las opciones por las que se ha de optar teniendo en cuenta la dureza de las sanciones que se imponen en esta jurisdicción. Sin embargo, en los casos de usurpación sin violencia o intimidación, la pena a la que se enfrentan los okupantes es una multa de 3 a 6 meses, por lo que resulta un riesgo asumible por quien se ve en una situación de desamparo, y así lo aprovechan las mafias que nada pierden en esta transacción.

Con la nueva modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que supone la aprobación de la conocida como “Ley de desahucio exprés”, se viene a insertar en nuestro ordenamiento jurídico una verdadera herramienta ante estas controvertidas situaciones y es que, aunque no podamos negar la necesidad en la que se encuentran las personas que recurren a la okupación, tampoco no podemos olvidar que esto también tiene unas consecuencias durísimas para los propietarios de las viviendas okupadas, que se ven privados del inmueble que con tanto esfuerzo han adquirido, o incluso se ven teniendo que recurrir a pagar simultáneamente un alquiler y una hipoteca por no poder residir en la vivienda que acaban de comprar. 

Dicho procedimiento está destinado, única y exclusivamente para los supuestos de okupación de inmuebles pertenecientes a personas físicas, ONG o Administraciones Públicas siempre que pertenezcan al elenco de viviendas destinadas a alquiler social. Quedan fuera de este amparo, por tanto, las entidades bancarias y los supuestos de impago de alquileres o hipotecas.

El procedimiento es bastante sencillo y ágil. Una vez interpuesta la demanda y solicitado el desalojo, se dará traslado a la parte okupante para que conteste a la demanda, y en ese mismo auto, se acordará, sin exigencia de caución alguna al demandante, la entrega inmediata de la posesión del inmueble. El demandado tendrá un plazo de 10 días para oponerse, sin que dicha oposición paralice el reintegro de la vivienda a su legítimo propietario. Así mismo, de manera simultánea a este trámite, se comunicará a los servicios sociales municipales que se va a proceder a dicho desalojo a fin de que se prepare el realojamiento de la familia desalojada en caso de que se encuentren en situación de desamparo.

Se modifica también el artículo 447 de la LEC, en lo relativo al efecto de cosa juzgada del procedimiento. Habilitando que el desokupado pueda acudir a un procedimiento ordinario posterior para hacer valer sus derechos.

Se trata, por tanto, de un procedimiento garantista pese a su sumariedad, que vela tanto por el bienestar de las familias vulnerables como por el pacífico disfrute de la posesión de los inmuebles por sus legítimos propietarios.