"QUIERO EL DIVORCIO", ANTICÍPATE | [MARTA ROBERTO DOMÍNGUEZ]

Cuando una pareja decide contraer matrimonio o comenzar una vida juntos, no suelen plantearse la posibilidad de que, algún día, esa relación pueda acabar rompiéndose y es entonces cuando surgen los verdaderos problemas. Es por ello, por lo que conviene ser previsor y anticiparse, tomando medidas, que, si todo va bien, no tendrán consecuencia alguna pero que, en el caso de que la situación se tuerza te ahorrará más de un quebradero de cabeza.

1. Separación de bienes

La separación de bienes es el régimen económico matrimonial por el cual cada cónyuge dispone de sus bienes de forma privativa, y existe una masa común para el mantenimiento de los gastos del hogar. Si no hacemos separación de bienes el régimen económico matrimonial que se nos aplicará por defecto será el de gananciales. Esto supone que todos los bienes de ambos pasarán a ser propiedad del otro desde la fecha matrimonio, al igual que las deudas, las cuales pasarán a ser deudas de la sociedad de gananciales, con ciertas excepciones.

Ejemplo: Adquieres una casa, con su correspondiente hipoteca cuando estás soltero/a, la pagas con esfuerzo durante años, conoces a alguien y decidís emprender un proyecto de vida juntos contrayendo matrimonio. De no hacer separación de bienes, un porcentaje de la vivienda te seguirá perteneciendo de manera privativa, y en otro porcentaje, será propiedad de ambos cónyuges desde la celebración del matrimonio, de tal manera que, si se disuelve el matrimonio, tu pareja tendrá derecho a una parte de esa propiedad, no quedando más remedio que disolver el condominio (la copropiedad), ya sea abonándole su parte, o vendiendo el bien para poder repartir la cuantía que correspondería a cada uno.

2. Conservación de facturas y gastos abonados.

Si, por el contrario, habéis decidido no contraer matrimonio, y comprar una casa o iros a vivir juntos a una vivienda que ya pertenecía al otro, lo mejor, sin duda, es conservar las facturas o desembolsos que, con ello, soporta cada miembro de la pareja. Es muy frecuente las situaciones en la que, un miembro de la pareja asume la responsabilidad de la adquisición de la vivienda y el otro realiza aportaciones, con el objetivo de ayudar a su pareja pero sin que correspondan a gastos propios de a convivencia. Si esa pareja se rompe, dará lugar a reproches y reclamaciones, en la mayoría de las ocasiones indocumentadas. Es por ello que resulta muy recomendable que, si has ayudado a tu pareja a pagar cuotas de la hipoteca, has corrido con los gastos de la instalación del aire acondicionado o de la reforma de la vivienda, firméis un documento en el que se recojan tales circunstancias o conserves la factura emitida a tu nombre, puesto que ello hará reclamable tu derecho de crédito.

3. Hablar antes de comenzar

La ilusión con la que se comienza el proyecto de vida juntos nos hace sentir que hablar de asuntos económicos con nuestra pareja resulta “poco romántico”, o que sienta las bases del fracaso de la relación. Tenemos que deshacernos de estos prejuicios y ser realistas, lo que hoy parece maravilloso puede que mañana sea complicado y tomar medidas anticipadas aporta seguridad a la pareja.


NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS | [MARTA ROBERTO DOMÍNGUEZ]

El pasado 25 de mayo entró en vigor el tan esperado Reglamento de Protección de datos (RGPD), como herramienta europea para la unificación de materias de protección de datos de carácter personal.

Como habréis comprobado, os habrán llegado muchos emails de empresas que tratan vuestros datos informando sobre la adaptación de su política a las nuevas directrices europeas.

Entre toda las obligaciones y derechos que contiene la nueva normativa, trataremos de explicar muy brevemente, las modificaciones que afectan a las PYMES con carácter general, incluyendo aquellas que disponen de oferta online de productos.

Pues bien, ¿qué tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas para poner al día su política de protección de datos?

  1. 1. El primer paso habrá de ser, en todo caso, analizar la situación de la protección de datos en nuestro negocio. Esto es, identificar los datos que se están recogiendo, el tratamiento que se les está dando y si dichos tratamientos respetan la nueva legalidad vigente.

En este punto, debemos tener muy presente el Principio de Limitación del tratamiento de datos, tanto en su extensión en el tiempo como en su contenido, es decir, que debemos cerciorarnos de que no estamos recogiendo más datos de los que nuestras transacciones necesitan y de que no los conservamos más tiempo del estrictamente necesario.

2. En segundo lugar, es fundamental actualizar la forma de recabar el consentimiento de los titulares de los datos que recogemos, y es que con el Reglamento se incorporan nuevos derechos de los interesados, como son el derecho a la portabilidad, a la limitación y a olvido. De tal manera que se ha de informar a cada cliente de los datos que se van a recoger, la finalidad de los  mismos, el tiempo de conservación, el responsable y/o encargado de tratamiento, forma de ejercitar sus derechos y, lo más importe, se ha de recoger el consentimiento del mismo de manera que, a efectos futuros, podamos probar que se ha recabado tal consentimiento de manera plenamente consciente e informada.

Especial atención han de mostrar en este aspecto las empresas que realicen tales acciones de manera online, y es que se habrán de configurar las webs de manera que el interesado acepte el tratamiento con una acción afirmativa. No recomendamos la utilización de “letra pequeña” ni aceptaciones tácitas, debiendo actualizarse, así mismo, la política de cookies en caso de que se almacenen datos de manera online.

3. En tercer, debemos mirar nuestro negocio/empresa con perspectiva, poniendo en entredicho las políticas de seguridad y de protección de datos que hemos venido aplicando hasta el momento y rediseñando las mismas con conciencia de los riesgos que el tratamiento presenta. Los ficheros deben estar bien protegidos físicamente y tecnológicamente, asegurando que la información solo sea accesible para personas autorizadas.  Los ciberataques están a la orden del día en la era de las TICs y un método eficaz para evitarlos es la realización de hacking ético, de manera tal que nos avisará de las brechas que presenta nuestra seguridad en el ámbito online y de las herramientas que debemos utilizar para reducir el riesgo.

4. Finalmente, resulta imprescindible recordar que se habrá de llevar un registro de tratamiento llevados a cabo y de las medidas adoptadas, a efectos probatorios ante una eventual inspección. Y es que con el nuevo Reglamento quedan atrás las medidas concretas a adoptar, siendo responsabilidad exclusiva del responsable que su empresa haya adoptado todas las medidas asegurativas y de protección de datos necesarias atendiendo a las necesidades y particularidades de su negocio.

Aunque pueda resultar una tarea tediosa, no debemos olvidar que la nueva normativa prevé sanciones tanto administrativas y civiles como penales, pudiendo llegar a sanciones pecuniarias del 4% de la facturación anual de la empresa.

En caso de duda, lo mejor es ponerse en manos de especialistas que asesoren y guíen para no llevarse sorpresas indeseadas.


LA NUEVA LEY SOBRE DESOKUPACIÓN EXPRÉS | [MARTA ROBERTO DOMÍNGUEZ]

Por todos es sabido el exorbitado volumen de desahucios por falta de pago de arrendamientos o por ejecuciones hipotecarias que ha supuesto la gravísima crisis económica de los últimos años.  Esto ha llevado a que miles de familias queden en la calle, desamparadas y vulnerables. Como siempre, hay quien ha querido sacar tajada de ello, creándose grupos mafiosos dedicados a negociar con las viviendas vacías y las necesidades de los que han perdido su techo en un doble sentido: Por una parte, se obliga a familias desamparadas a pagar un “módico” precio por la inmediata okupación de una vivienda, dando una solución rápida a su desamparo; y, por otra, extorsionan a los propietarios de las viviendas okupadas exigiéndoles el desembolso de cantidades no tan módicas si quieren ver su vivienda liberada en plazos muchos más breves que los que ofrece la justicia en la actualidad.

Y es que, nuestro sistema procesal no estaba preparado para estas situaciones, a pesar de contar con hasta 3 vías como procedimiento civil verbal, recogido en el artículo 250.1, apartados 2º, 4º y 7º, y la vía penal de la usurpación. En cuanto a las posibilidades que ofrece la vía civil, la mayor traba que encontramos es, aparte de la inadecuación terminología, ya que ninguna de ellas está pensada para el desalojo de okupas, el tiempo que supone la tramitación de cualquiera de estos procedimientos. Es por ello que los Juzgados Penales ha vivido una avalancha de procedimientos por usurpación, dado que se trata de la herramienta legal que puede conseguir el desalojo con mayor celeridad. No obstante, no debemos olvidar que el Derecho Penal está conceptuado como una “última ratio”, es decir, como la última de las opciones por las que se ha de optar teniendo en cuenta la dureza de las sanciones que se imponen en esta jurisdicción. Sin embargo, en los casos de usurpación sin violencia o intimidación, la pena a la que se enfrentan los okupantes es una multa de 3 a 6 meses, por lo que resulta un riesgo asumible por quien se ve en una situación de desamparo, y así lo aprovechan las mafias que nada pierden en esta transacción.

Con la nueva modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que supone la aprobación de la conocida como “Ley de desahucio exprés”, se viene a insertar en nuestro ordenamiento jurídico una verdadera herramienta ante estas controvertidas situaciones y es que, aunque no podamos negar la necesidad en la que se encuentran las personas que recurren a la okupación, tampoco no podemos olvidar que esto también tiene unas consecuencias durísimas para los propietarios de las viviendas okupadas, que se ven privados del inmueble que con tanto esfuerzo han adquirido, o incluso se ven teniendo que recurrir a pagar simultáneamente un alquiler y una hipoteca por no poder residir en la vivienda que acaban de comprar. 

Dicho procedimiento está destinado, única y exclusivamente para los supuestos de okupación de inmuebles pertenecientes a personas físicas, ONG o Administraciones Públicas siempre que pertenezcan al elenco de viviendas destinadas a alquiler social. Quedan fuera de este amparo, por tanto, las entidades bancarias y los supuestos de impago de alquileres o hipotecas.

El procedimiento es bastante sencillo y ágil. Una vez interpuesta la demanda y solicitado el desalojo, se dará traslado a la parte okupante para que conteste a la demanda, y en ese mismo auto, se acordará, sin exigencia de caución alguna al demandante, la entrega inmediata de la posesión del inmueble. El demandado tendrá un plazo de 10 días para oponerse, sin que dicha oposición paralice el reintegro de la vivienda a su legítimo propietario. Así mismo, de manera simultánea a este trámite, se comunicará a los servicios sociales municipales que se va a proceder a dicho desalojo a fin de que se prepare el realojamiento de la familia desalojada en caso de que se encuentren en situación de desamparo.

Se modifica también el artículo 447 de la LEC, en lo relativo al efecto de cosa juzgada del procedimiento. Habilitando que el desokupado pueda acudir a un procedimiento ordinario posterior para hacer valer sus derechos.

Se trata, por tanto, de un procedimiento garantista pese a su sumariedad, que vela tanto por el bienestar de las familias vulnerables como por el pacífico disfrute de la posesión de los inmuebles por sus legítimos propietarios.